A través de un operativo en conjunto la AFIP, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal de Córdoba desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas “truchas”.
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Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal de Córdoba desarticularon un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos. A través de esas “facturas truchas” se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020. 
Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco.
Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones.
Los allanamientos para desarticular el entramado de empresas y estudios contables dedicados a generar facturas apócrifas se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba.
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